CABE rechaza el PC1018 de Libertad Religiosa y alerta sobre el peligro que representa para todo el país.
En la noche de hoy, y minutos luego de que el Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto de la Cámara 1018 de Libertad Religiosa, CABE alertó al país acerca del golpe que el mismo representa para todo Puerto Rico. “Si este proyecto se convierte en ley con la firma del Gobernador, los servicios gubernamentales serán rehenes de las creencias religiosas de quienes trabajen en él”.
Al respecto, sus portavoces explicaron que el proyecto, creado como una reacción a los avances de los derechos humanos de las personas LGBT de la Isla, tendrá un efecto que irá mucho más allá de ese grupo.
“No nos cabe duda de que este es el tipo de proyecto que se aprueba por dos razones. La primera, porque hay un sector conservador que no acepta que existen casos y leyes estatales y federales que reconocen que las personas gays y trans también tienen derechos. La segunda, porque hay un sector político que piensa que con un espectáculo como el que dieron hoy en el Senado ganarán votos en el 2020. Ambas razones son ilegítimas y en ambos casos la sed de poder es tanta que no les importa impactar los derechos del país entero”, dijo la abogada y defensora de derechos humanos Amárilis Pagán Jiménez.
“¿Por qué decimos que se afecta el país entero? Porque el ámbito de las creencias religiosas puede ser tan diverso y subjetivo que poner en manos de un funcionario de gobierno la capacidad de elegir a quiénes en el ofrecimiento de servicios es dar mano libre para discriminar a madres solteras, a víctimas de violencia doméstica, a personas negras, a personas de residenciales, a usuarios de sustancias y a tantas otras personas cuya apariencia o circunstancias puedan ser juzgadas de manera negativa por ese funcionario. Es dar carta blanca para que se manifieste todo tipo de prejuicio en nuestros espacios de gobierno”, añadió Osvaldo Burgos Pérez, abogado y portavoz de CABE.
Ambos portavoces pidieron al Gobernador Ricardo Rosselló que vete el Proyecto de la Cámara 1018 y que evite caer en la tentación de convertir el mismo en un premio de consolación al sector religioso que está molesto con la nueva Ley de Adopción.
“En el Puerto Rico post huracán María es más importante que nunca garantizar que el gobierno cumpla con su deber y tenga accesibles los servicios y bienes que el pueblo necesita. Este proyecto será una piedra en el camino de las personas LGBT pero también del resto del país que lo perdió todo y que a duras penas logra acceder a oficinas y agencias de gobierno para tratar de superar su precariedad y pobreza. No demos espacio a que los intereses de un sector que no se resigna a ver como progresa la equidad se lleven de frente los derechos humanos de todos y todas”, concluyeron.
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